Moreslos.- La diputada Tania Valentina, planteó la situación que viven actualmente los niveles de gobierno debido a las pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del gobierno del estado, por ello planteó reunir a las autoridades para generar una mesa de trabajo que resuelva dicha situación.
Valentina Rodríguez explicó que en el Estado de Morelos, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, debe tener una plantilla laboral que debe rebasar a los 13 mil trabajadores, sin contar desde luego, a los municipios, los órganos autónomos y los organismos descentralizados.
Trabadores rigen sus relaciones laborales a través de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que les conceden pensiones que comparadas con las que entregan las AFORES, resultan mejores en todos los aspectos. Citaré, por ejemplo, la que se conoce cesantía en edad avanzada, que puede entregarse a los 55 años y con apenas 10 años de servicio, lo que entrega al trabajador una jubilación del 50% de su salario. Eso sin contar que todos los jubilados que se van a retiro lo hacen con sus 3 meses de aguinaldo y un incremento anual a la misma.
“Otros aspectos que a mi juicio son también delicados son los siguientes:
- Los recursos que destina el Estado para atender las pensiones y jubilaciones son crecientes cada año y representan más del 60 por ciento de los ingresos propios del Estado. Para este año se invierten 672 millones de pesos para el pago de pensiones.
- Existen en la Comisión del Trabajo del Congreso, 1000 trabajadores con solicitudes pendientes para jubilarse, aproximadamente. De estos, 600 entregaron su solicitud durante la legislatura anterior, y el resto, son las que se han recibido en apenas 9 meses de esta Legislatura. A ese ritmo, la acumulación de casos para el segundo semestre de 2020 podría calificarse como saturación.
- En el Colegio de Bachilleres del Estado (COBAEM) existen 315 jubilados, de los cuales 183, no tienen recursos presupuestales que garanticen el pago de su pensión más allá de julio próximo, salvo que el Gobierno entre a su rescate.
- Sabemos de la crisis financiera de la Universidad del Estado de Morelos, donde uno de los grandes agujeros son precisamente el pago de pensiones y el creciente número de jubilados.
- En su mayoría, y como espejo de lo que ocurre en nuestra sociedad, nuestros trabajadores han logrado una mejor calidad en salud, y la expectativa de vida de las mujeres se ha incrementado a 78.5 años y de los hombres de 73.4; lo que significa que los pagos de pensiones se prolongan por más años.
- Es necesaria una nueva legislación que atienda de forma integral a los trabajadores o servidores públicos que van adquiriendo derechos pensionarios a lo largo de la carrera.
- Existen organismos constitucionales tan importantes por el número de trabajadores y la antigüedad del personal que ahí labora, tales como la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto de Educación Básica (IEBEM) de los que se desconoce el potencial de personas que pudieran jubilarse, pero que no es difícil suponer que pudieran ser muchos casos.
La diputada consideró que el Estado carece de una política pública que pueda enfrentar con éxito el problema de las pensiones en Morelos, y que a la vez respete los derechos adquiridos de los trabajadores, en rueda de prensa expuso lo siguiente:
Este es el problema. Las soluciones no son fáciles y solos o separados no podríamos resolver esta situación ni en el corto ni el mediano plazo.
Lo fácil es hacer como que no pasa nada, o sentarnos en el poder legislativo a que termine esta Legislatura, pero eso no resuelve un problema, que como un tsunami un día nos va a alcanzar.
He decidido en mi carácter de presidenta de la Comisión del Trabajo del Congreso, citar a mis compañeros legisladores que integran la Comisión, las Diputadas Elsa Delia González, Erika García, Ana Cristina Guevara y Marcos Zapotitla, a una reunión de trabajo, donde también esta convocado el Señor Gobernador, la Señora Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y el Presidente de la Junta de Gobierno del IDEFOMM, o los representantes que ellos definan, para instalar la primera mesa de trabajo para construir una política pública de Estado en materia de pensiones del Estado de Morelos.
