En conferencia de prensa en Palacio Nacional, acompañado del director de la CFE, Manuel Barttlet Díaz, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que dará vista la Fiscalía General de la República (FGR), para que investiguen contra ex directores de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
AMLO también anunció que enviará al Congreso una iniciativa de reforma para que los funcionarios públicos no puedan, en un periodo de 10 años, dar asesorías o emplearse con empresas particulares, a fin de evitar el conflicto de interés.
Por ejemplo, expuso que Jesús Reyes-Heroles González Garza, secretario de Energía y director General de Pemex en los gobiernos de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, es presidente de la empresa EnergeA, y ha participado en diversos consejos consultivos de energía como el de Energy Intelligence Group, Morgan Stanley Energy Partners, Mitsui de México y el Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, además de que es miembro del Consejo de Administración de Santander México.
Asimismo, Carlos Ruiz Sacristán, ex secretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Ernesto Zedillo, es presidente del Consejo y Director General North American Infrastrcture Group de Sempra Energy, y presidente Ejecutivo del Consejo de Administración IEnova.
En el caso de Alejandro Fleming Kauffman, quien fue Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía en el sexenio de Felipe Calderón, pues dijo que es miembro de Iberdrola México filial Renovables.
Mientras que, Alfredo Elías Ayub ha sido consejero independiente de Avangrid, tras ocupar la dirección de la Comisión Federal de Electricidad durante las administraciones de los expresidentes Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón.
Por su parte, Georgina Kessel Martínez, ex secretaria de Energía en el gobierno de Felipe Calderón, es consejera en activo independiente de la empresa española Iberdrola.
Actualmente, el artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos ordena a los funcionarios no ocupar un cargo en el sector privado, relacionado con el cargo que ocupó, un año después de que se haya retirado del empleo público.
