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De los gobiernos y sus atrocidades

Escaparate por Mario Marrera Arriaga

 

La cloaca que habitan los gobernantes cada vez se desborda más. El recuento, por vergonzante y lastimoso, resulta ofensivo para las víctimas y para la sociedad toda, hasta desembocar en el caso Morelos, en donde las aseveraciones de que no somos el Estado de Guerrero, sino peores, son más gravosas. ¿Cómo parar ahora la condena generalizada y que amenaza además volverse internacional? ¿Necesitamos aquí también una comitiva de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o los de la Organización de las Naciones Unidas para que las autoridades hagan su trabajo? Y en respaldo de este caso, ¿tendremos aquí a los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, para que esta causa no muera?

Por lo pronto, ya intervienen las organizaciones de abogados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, no se duda que para desgracia de los raspados se entrometa la Nacional, también se sumó la Comisión de Atención a Víctimas del Estado y hasta el propio padre Alejandro Solalinde, de origen mexiquense, tan molesto para todo régimen que tiene cola que le pisen, particularmente el de Peña Nieto, como para que la cuña apriete.

Cuando hablamos de los gobiernos y sus atrocidades, debemos tomar en cuenta las barbaridades que en descargo tratan de usar los mandatarios de todo orden, partiendo del hecho de que:

1.- A estas alturas del camino, al margen del partido del cual provengan, todos los gobernantes esconden cadáveres en el armario y en fosas clandestinas.

2.- La reiterada negación del problema no hace sino más que agravarlo y atraer todos los focos de atención.

3.- El sobado recurso al que antaño recurría el régimen hegemónico de echar todas las culpas a los antecesores ya no aplica.

4.- Hablar de problemas de percepción más que de realidades sólo demuestra la miopía de un aparato de comunicación del Estado que sólo sabe estructurar apologías a favor de su patrón.

5.- Las promesas gastadas de investigaciones hasta las últimas consecuencias, que nunca llegan a ellas, sólo provocan mayor irritación social.

6.- Las supuestas y tramposas muestras de buena fe para resolver casos como el de Ayotzinapa y la fosa clandestina en Tetelcingo, Cuautla, terminan por evidenciar la falta de voluntad política ante los nulos resultados, aunque terceras personas, derivado de sus investigaciones, digan que el gobierno hizo mal las cosas.

7.- Argumentar que las víctimas eran delincuentes e inferir que entre ellos se están matando y que se lo merecían, resulta contraproducente, si no echen un vistazo al caso del hijo del poeta Javier Sicilia.

El pequeño manual del absurdo aquí descrito es el que sistemáticamente siguen los gobernantes de todos los niveles y de todos los partidos.

Que los ojos no sólo de los familiares de las víctimas, sino de la prensa, de las redes sociales, de los defensores de derechos humanos, de las instancias federales, de los organismos internacionales que incluso en Los Pinos reprueban al Presidente, fueron el camino andado y que dieron al traste con el gobierno de Ángel Aguirre en Guerrero. Al menos el pobre angelito salió bien librado porque hasta ahora nadie lo ha llamado a cuentas y sigue operando políticamente. Y en su tiempo también lo fueron para la caída de Jorge Carrillo Olea en Morelos. El verdugo entonces ahora está en el banquillo de los acusados.

¿Puede seguirse el mismo camino en el caso Morelos ahora?

Ciertamente, el régimen perredista en la entidad, al menos por lo que hasta hoy se sabe y que es muy poco, parece no haber intervenido en la muerte de las personas encontradas en la fosa clandestina. Esa es una diferencia con el caso Ayotzinapa. Pero la realidad es que la forma como actuó –sin investigación, deshaciéndose de los cuerpos de los delitos- dan mucho qué pensar, como posibles complicidades con el crimen organizado, sobre todo al comprobarse que una de las víctimas fue previamente secuestrado, se pagó el rescate y se le dio muerte, mientras la Fiscalía se encargaba de enterrar toda evidencia.

“Investigar” no basta.

¿Hasta cuándo una Fiscalía independiente?

¿Cuándo una estrategia integral y efectiva?

¿Hasta que la crispación social obligue a ello?