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Mando Único entre la estadística, la estrategia y la percepción.

Soy CiuDADAno por Jorge Dada

 

Este miércoles se llevó a cabo la comparecencia ante la LIII Legislatura por parte del Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado. En este acto se fijaron las posturas de los diversos grupos y fracciones parlamentarias, pero también dejaron ver el poco discernimiento que se tiene en la materia.

Es importante que para el análisis de la efectividad de la estrategia denominada Mando Único, se consideren las fuentes y criterios que habrán de utilizarse. Ya que durante el acto había quienes invocaban datos estadísticos, de los que habrá que considerar la fuente y la cifra negra; otros la percepción de la ciudadanía, la cual no refleja necesariamente la situación actual sino que tiene un desfase con la realidad de varios meses; y otros se centraron en la estrategia de un solo mando para todo el Estado.

Uno de los aspectos que más impactan en el bienestar de la población es el relacionado con la seguridad, sin duda la comisión de un delito deja una huella indeleble en las victimas, lastima a la sociedad en su conjunto generando sentimientos de desazón, enojo y temor, lo que a su vez puede traducirse en baja productividad en el trabajo y menor rendimiento en las escuelas, sin dejar de mencionar la afectación emocional que se prolonga a través del tiempo en las personas que lo han padecido, en especial con los delitos con alto contenido de agravio corporal y psicológico como son el homicidio, la violación, el secuestro y el robo con violencia, por ejemplo.

Tampoco puede restarse importancia al impacto negativo que la delincuencia genera en la economía del Estado y del País en general. Según datos del INEGI, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Inseguridad Pública (Envipe) 2015, durante el 2014 se cometieron en México 33.7 millones de delitos que afectaron directamente a 22.8 millones de personas, con un costo superior a los 226 mil millones de pesos, que incluye las afectaciones y pérdidas por actos delictivos, así como la inversión que se realiza en cuestiones de seguridad. Es de considerarse que esta muestra

se limita a una población de 18 años o más y aclara que algunos delitos como el narcotráfico, delincuencia organizada y trata de personas no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización; además considera una cifra negra, es decir delitos no denunciados o que no derivaron en averiguación previa, del 92.8%.

Como se observa, además del costo social que genera la delincuencia, también existe una afectación económica importante, que de acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad de la COPARMEX, el costo estimado del crimen alcanza 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), y en general la inseguridad le cuesta a México entre 8 y 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), tanto en impactos directos como por el miedo a ser víctima, revela que este porcentaje incluye las pérdidas económicas derivadas de los delitos, en daños ocasionados a la salud y en medidas preventivas.

Este costo se deriva por ejemplo, de la transferencia de una parte de las propiedades y los ingresos de la población que trabaja honestamente hacia la población que realiza actividades delictivas a través del robo, despojo o fraude, así mismo sectores importantes de la sociedad están gastando importantes sumas en la contratación y equipo para su seguridad personal, en vez de canalizarlo a proyectos productivos, el ahorro o la inversión, entre otros. Hay personas que dejan de realizar actividades económicas para evitar ser víctimas del delito como salir de noche, llevar dinero en efectivo, tomar taxi, viajar por carretera o frecuentar centros comerciales por sólo nombrar algunos, que significan un impacto para la economía difícil de contabilizar.

A nivel macroeconómico la delincuencia eleva el nivel de riesgo país, lo que inhibe la inversión nacional y extranjera, lo que implica menor crecimiento económico y menor generación de fuentes de trabajo.

En nuestro estado, que tradicionalmente había disfrutado de un clima de seguridad y tranquilidad con bajos índices de criminalidad y que, aunado a sus riquezas naturales lo convirtieron en uno de los lugares predilectos por turistas y personas que lo seleccionaron para radicar, ha visto cambiar su entorno y en los últimos años se ha generado una escalada en el número de delitos que se cometen, al grado que presenciamos el cierre de diversos negoción y la migración de familias que cuentan con recursos para establecerse en otro lugar. De acuerdo al Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C. en el año 2014, el estado de Morelos fue el más violento de entre las 32 entidades federativas del País y Cuernavaca se posicionó también en el nada

honroso puesto número uno, como el municipio más violento de aquellos que cuentan con 100 mil habitantes o más.

Ante este panorama, deben reconocerse los esfuerzos que realizan nuestras autoridades en materia de seguridad, sin embargo, no puede soslayarse que las políticas públicas que se implementen para afrontar este problema deben contemplar una perspectiva multidimensional, atendiendo tanto a las causas de la delincuencia, como a la prevención y persecución del delito. Desde esta perspectiva, debemos asumir que la falta de empleo y la mala distribución del ingreso influyen decisivamente en el perfil delictivo del País, en el que un número considerable de personas optan por dedicarse a actividades delictivas por que no encuentran oportunidades en el mercado de trabajo, o no obtienen la remuneración necesaria para la satisfacción de sus necesidades, por los que les resulta más redituable practicar actividades ilícitas, como el robo o el tráfico y la venta de productos ilegales, lo que a la vez genera otro tipo de delitos.

Por lo anterior, es importante considerar que una política pública integral no se agota en la capacitación y profesionalización de los agentes policiacos y de procuración y administración de justicia, ni es su mejor equipamiento y remuneración económica, sino que se deben implementar medidas sociales y económicas como son la dignificación de espacios públicos, la implementación de programas de prevención, el fortalecimiento de los valores cívicos, propiciar el crecimiento económico para abatir el rezago en la generación de empleo, sin olvidar una mejor distribución de la riqueza que supere las grandes desigualdades que imperan y así abatir la marginación en muchos hogares y zonas de nuestro País.

Estas políticas públicas también deben considerar un mecanismo efectivo para combatir la impunidad y la corrupción ya que estos vicios que ha padecido nuestra sociedad, son incentivos a la delincuencia.

Que tengas un excelente día, y recuerda que como tu, yo también #SoyCiuDADAno.